El empleo en esta “sociedad salarial” es uno de los principales mecanismos de inclusión social, por lo que emprender acciones para fomentar una actividad económica remunerada es uno de los factores más eficaces en la lucha contra la exclusión social.
La necesidad de implementar políticas activas de inserción es pues evidente. Esta necesidad se ve avalada además por los cambios legislativos que recomiendan que la contratación pública persiga objetivos sociales y que, poco a poco, van mejorando el mapa de los contratos públicos. Las experiencias y resultados exitosos dan fe de las bondades de su implantación.
Los argumentos para propiciar la incorporación de Cláusulas Sociales en los contratos públicos son múltiples, dadas las propias cualidades de aptitud de estas cláusulas: transversalidad, impacto, compromiso político, cooperación, corresponsabilidad, transferencia y replicabilidad:
Impacto y oportunidad Las Administraciones Públicas –con una tasa del 16% del PIB- son el mayor contratante por su volumen e influencia sobre el mercado y el entorno.
Según el estudio del año 2005 de la Federación Española de Empresas de Inserción (Fedei), “Identificación y diagnóstico integral de las empresas de inserción en España”, los flujos económicos generados (ingresos de las Empresas de Inserción e impuestos que pagan por su actividad) por trabajador suponen 11.090,35 euros anuales, y el ahorro público por trabajador de inserción (menor coste social por persona y año para el Sector Público) es de 4.417,54 euros. Lo que implica un beneficio económico estimado anual de 15.507.89 euros por persona incorporada laboralmente.
Ahorro La inclusión de Cláusulas sociales en los contratos públicos se traduce en una reducción del presupuesto público destinado a prestaciones sociales (rentas básicas, subsidios o prestaciones), produciendo por añadidura ingresos a las Haciendas Públicas, gracias a las aportaciones fiscales de las personas incorporadas laboralmente.
La inclusión de estas Cláusulas es un recurso de coste cero o de saldo positivo. Existen programas sin coste adicional y otros que en cualquier caso supondrían una reorganización de los recursos existentes.
Legalidad y eficacia La legislación ha incorporado ya en su articulado los criterios sociales en las distintas fases de la contratación ya que, además de salvaguardar sus principios básicos de transparencia y no discriminación, apuesta por incorporar también otros principios y objetivos sociales.
Optar por la mejor oferta económica no es la manera más eficiente de utilizar el presupuesto público, y las administraciones apuestan ya por elegir aquella que proporcione beneficios adicionales de carácter social.
Transformación Las políticas de inclusión de criterios sociales en los contratos públicos contribuyen de modo significativo a la consecución de los objetivos estratégicos de la administración y a que se atiendan derechos constitucionalmente establecidos como el pleno empleo o la igualdad de oportunidades. El mensaje que las Administraciones Públicas quieren transmitir a la sociedad se legitima a través de los resultados.
Referencia y ejemplo La Administración ejemplariza a la hora de demandar productos y servicios con criterios sociales, e incentiva a las empresas –de inserción- para que evalúen su oferta y revisen –las lucrativas- sus políticas de empleo.
Compatibilidad Suponen además una herramienta complementaria y sinérgica con las políticas sociales que las Administraciones Públicas vienen desarrollando, mejorando por ejemplo la capacidad y eficacia de los servicios sociales en políticas de igualdad, de empleo o los programas de inserción laboral e inclusión social.
Estas políticas poseen un potencial de cambio social significativo y producen un efecto en cascada sobre los hábitos de contratación que incide tanto en Administraciones como en empresas.
Beneficios universales Todos ganan: personas y familias, Administraciones públicas y servicios sociales, entidades y empresas de inserción y empresas mercantiles.
La calidad de vida de muchas personas desfavorecidas del mercado del trabajo mejora de manera directa por efecto de las cláusulas sociales, pues acceden así a un empleo remunerado y al sistema público de prestaciones, además de aumentar en autoestima y formación.
La incorporación de criterios sociales fomenta el desarrollo local, mejora la calidad
de vida, la cohesión social e incide en las zonas más desatendidas. Permite a las Administraciones públicas y a los servicios sociales contribuir al Estado del Bienestar y a las entidades y empresas les proporciona el acceso a diferentes subvenciones y bonificaciones.
La sociedad en su conjunto ve reducida la fractura social existente entre personas incluidas y excluidas socialmente y avanza hacia una corresponsabilidad social entre administraciones públicas, agentes sociales y empresas.
Responsabilidad Social de las empresas
La compra sostenible proporciona a través de su contratación un apoyo a las empresas socialmente responsables, lo que supone una ventaja competitiva a aquellas que ya lo son y una motivación a las que no han incorporado la responsabilidad social a su gestión.
Si los argumentos y beneficios de la inclusión de Cláusulas sociales son múltiples y universales también deben serlo la implicación y responsabilidad de los técnicos y políticos de las distintas Administraciones públicas -aportando su voluntad y capacidad- y la de las empresas de inserción proponiendo con coherencia programas de cláusulas sociales adaptados a su realidad.
