Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción

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Preguntas y recomendaciones

¿Qué requisitos o salvaguardas debemos tener en cuenta?
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¿Cómo se debe acreditar la solvencia técnica de carácter social?
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¿Exigir una solvencia técnica sobre inserción sociolaboral puede afectar a la libre concurrencia o vulnerar el principio de igualdad?
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¿Qué requisitos o salvaguardas debemos tener en cuenta?

La exigencia de capacidad técnica debe ser lógica y proporcionada respecto al contenido y características del contrato: cuando para prestar correctamente el contrato sean imprescindibles conocimientos técnicos y experiencia en materia de inserción sociolaboral podremos incorporar esta cláusula en la solvencia técnica, pero no en el caso contrario.

La limitación a empresas de inserción sólo será admisible en el caso de que la contratación de personas en situación de exclusión sea relevante y determinante en la ejecución del contrato, y se requiera una cualificación y experiencia específica para ello. Es decir, si el contrato señala que el 2 % de la plantilla será de exclusión social no será posible, pero si se exige un 40% y además el diseño de itinerarios personalizados de inserción o personal de acompañamiento, su inclusión estará bien fundamentada.

Aunque parezca reiterativo insistimos en que no podemos utilizar el requisito de solvencia técnica social con carácter general, pero sí cuando resulte justificado conforme a la naturaleza o el objeto o el contenido del contrato. Esto es, cuando para prestar correctamente el contrato resulten imprescindibles conocimientos técnicos y experiencia en la materia social recogida en el mismo y este componente sea significativo en la prestación.

Las características sociales deben figurar como una condición de ejecución y no como un criterio de valoración, puesto que en este segundo caso el licitador no estaría obligado a prestar la parte social del contrato (puede decidir no optar a la puntuación establecida para dicho apartado), y en consecuencia no se le podría inadmitir  a la licitación.

Por último, debemos tener en cuenta que la exigencia de capacidad técnica relativa a la inserción sociolaboral debe realizarse en condiciones de transparencia, justificarse en el expediente e indicar en el pliego de condiciones los criterios objetivos que se utilizarán para la admisión, así como el nivel de capacidades específicas requeridas. Todo ello lo explicamos en la siguiente cuestión.
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¿Cómo se debe acreditar la solvencia técnica de carácter social?

Establece la legislación que la solvencia técnica debe acreditarse mediante la aportación de determinada documentación, como por ejemplo: títulos académicos y experiencia del empresario, del personal de dirección de la empresa y del personal responsable de la ejecución del contrato; relación de las obras ejecutadas, servicios prestados o suministros efectuados en los últimos años; declaración sobre maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución del contrato; declaración sobre los efectivos personales medios anuales de la empresa; certificaciones establecidas por los institutos o servicios oficiales u homologados encargados del control de calidad; etcétera.

Pero el Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia de la Sección 5ª de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1996 indica: “Como ya hemos dicho, el principio general que rige la materia, es el de que la clasificación del contratista le habilita para concurrir a los contratos que pretenda realizar la Administración. Ello no implica, sin embargo, que la Administración no pueda introducir requisitos específicos, por vía de Condiciones Particulares. Esta posibilidad está contemplada en los artículos 110 y 312 del Reglamento de Contratación. Pero tanto por la naturaleza de los Pliegos de Condiciones Particulares, como por el contenido de los artículos 110 y 312 citados, tales criterios objetivos han de ser precisos y justificados”.

Por lo tanto, en el caso de la solvencia técnica relativa a la inserción laboral debemos adaptar la relación antedicha a la materia (relación de servicios prestados, personal, formación, volumen de facturación...).

La exigencia de solvencia técnica relativa a la inserción sociolaboral no debe plantearse en el pliego de forma genérica sino mediante parámetros objetivos y fehacientes (bien cuantificables, bien evaluables).

Finalmente, es necesario que la solvencia técnica requerida no sea restringida, pues no se puede requerir una certificación concreta o la inscripción en un registro determinado salvo que venga acompañado de la expresión “o equivalente, pudiendo acreditarse por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho”. Con ello no incurriremos en restricciones que pudieran vulnerar la libre concurrencia y evitamos cualquier atisbo de arbitrariedad.

En suma, no se trata de indicar en el Pliego que sólo pueden presentarse las Empresas de Inserción, sino que es aconsejable señalar que podrá hacerlo cualquier empresa que acredite experiencia en la materia, de este modo evitaremos impugnaciones y obtendremos el mismo resultado. Véase en este sentido el apartado de “Modelo de Cláusula”.
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¿Exigir una solvencia técnica sobre inserción sociolaboral puede afectar a la libre concurrencia o vulnerar el principio de igualdad?

En absoluto, ya que el hecho de solicitar una determinada solvencia técnica no supone limitar la concurrencia sino que es una garantía contractual y no deben confundirse ambos conceptos; tampoco supone vulnerar el principio de no discriminación el hecho de que unas pocas empresas puedan cumplir este requisito. Dicho de otra manera: una empresa que se dedica a montar pladur no puede alegar discriminación por el hecho de resultar inadmitida al concurso para la construcción de un viaducto, ya que no dispone de la solvencia técnica necesaria (experiencia, medios técnicos y humanos).

En suma, nada hay de irracional, subjetivo ni desproporcionado cuando en una adjudicación en la que se exija o contemple la contratación de colectivos desfavorecidos, se admita a la licitación únicamente a aquellas entidades con experiencia acreditada en la materia. Más aún, cabe afirmar que la legislación lo requiere, ya que la propia normativa exige acreditar la capacidad y solvencia técnica para ejecutar correctamente el contrato que se está licitando.
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