Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción

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Generalitat de Cataluña

Cataluña fue la primera Administración Pública que estableció -en el año 2004- una Reserva de Mercado a través de los contratos reservados. Además tiene un interés añadido puesto que posee  carácter preceptivo, ya que si bien la legislación del estado ha dispuesto su regulación con carácter voluntario y queda al albur de cada administración su implementación o no, en el caso de la Generalitat de Cataluña todos los departamentos, organismos autónomos y empresas públicas de la Generalitat están obligados a aplicarla.

Para ello deben establecer un importe respecto al total de sus contratos públicos -que se determina anualmente en las bases de ejecución presupuestaria- para ser adjudicados exclusivamente a centros de inserción laboral de discapacitados y empresas de inserción sociolaboral o a entidades sin ánimo de lucro que tengan como finalidad la integración laboral o social de personas con riesgo de exclusión social.

La reserva está regulada en el artículo 35 de la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (DOGC núm. 3791, de 31.12.2002) y sus respectivas modificaciones: art.19 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas (DOGC núm. 4179, de 21.07.2004) y art. 19 de la Ley 17/2007, de 21 de diciembre, de medidas fiscales y financieras (DOGC núm. 5038, de 31.12.2007).

Se halla recogida en un solo artículo con siete puntos, cuyo contenido establece el sistema de implementación de una forma muy clara y sencilla:

  1. En los términos establecidos por el presente artículo, los departamentos, los organismos autónomos y las empresas públicas de la Generalidad deben reservar determinados contratos administrativos de obras, suministros o servicios a centros de inserción laboral de disminuidos, empresas de inserción sociolaboral reguladas por la Ley 27/2002, de 20 de diciembre, sobre medidas legislativas para regular las empresas de inserción sociolaboral, o a entidades sin afán de lucro que tengan como finalidad la integración laboral o social de personas con riesgo de exclusión social, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por las normas del Estado y de la Generalidad que los sean aplicables y que su finalidad o su actividad, de acuerdo con sus normas reguladoras, estatutos o reglas fundacionales, tenga relación directa con el objeto del contrato.
  2. Los objetos contractuales susceptibles de reserva son las obras y servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles; los servicios de mensajería, correspondencia y distribución, de artes gráficas, de limpieza y lavandería, de restauración y de recogida y transporte de residuos, y los servicios y suministros auxiliares para el funcionamiento de la Administración. Sin embargo, los órganos de contratación pueden ampliar la reserva a otros objetos contractuales, dependiendo de la adecuación de las prestaciones a las peculiaridades de los centros, empresas y entidades a que se refiere el presente artículo.
  3. Los contratos reservados son exclusivamente los adjudicados como contrato menor o por procedimiento negociado por razón de la cuantía económica, de acuerdo con los umbrales establecidos por la legislación de contratos de las administraciones públicas. Con los mismos límites cuantitativos aplicables a los procedimientos negociados, los órganos de contratación pueden no utilizar los procedimientos derivados del sistema de contratación centralizada cuando se pretenda adjudicar, mediante reserva social, alguna de las prestaciones a que se refiere el apartado 2.
  4. Los contratos reservados deben someterse siempre al régimen jurídico establecido por la normativa vigente reguladora de la contratación pública, sin que en ningún caso pueda requerirse la constitución de garantías provisionales o definitivas.
  5. Las entidades a que se refiere el apartado 1 que quieran ser contratadas en cumplimiento de las medidas reguladas por este artículo deben inscribirse previamente en el Registro de Licitadores de la Generalidad.
  6. El Gobierno debe fijar, al inicio de cada ejercicio, la cuantía económica de la reserva social que debe aplicar cada departamento, incluyendo los organismos o empresas públicas vinculadas o dependientes. El importe fijado no debe superar el 20% del importe contratado en el ejercicio anterior mediante contratos menores o procedimientos negociados por razón de la cuantía en los contratos que tienen por objeto las prestaciones a que se refiere el primer inciso del apartado 2.
  7. Las entidades que integran la Administración local de Cataluña pueden aplicar la reserva social establecida por el presente artículo en los términos que establezca el acuerdo correspondiente del pleno de la corporación.

Para 2008 el objetivo de ejecución estaba marcado en 8.700.000 € anuales, repartidos entre los diferentes departamentos. En el 2007, la cuantía final superó los 8.300.000 €. Este importe refleja el impacto y el aseguramiento del objetivo: la inserción de personas con necesidades específicas en el mercado de trabajo. Extrapolando esta cuantía podemos afirmar que la Generalitat de Cataluña a través de un solo artículo que regula la Reserva de Mercado, está generando anualmente 500 puestos de trabajo (número estimado) para personas en situación o riesgo de exclusión social.