Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción

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Criterios de valoración

Nos planteamos dos posibilidades:

  1. Puntuar el hecho de que sea una Empresa de Inserción la que concurre a la licitación.
  2. Puntuar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión, o bien la subcontratación de una Empresa de Inserción para la ejecución del contrato.

Respecto a la primera cuestión debemos señalar que no es admisible jurídicamente, puesto que la legislación de contratos en esta fase de baremación no permite valorar a los licitadores por su objeto social o por su tipología jurídica. Lo que se está valorando son las propuestas técnicas para ejecutar el contrato y no las características de la propia empresa licitadora.

En consecuencia nos centramos en la segunda opción, ya que en este caso sí que la normativa nos permite valorar la contratación de personas en situación de exclusión social y/o la subcontratación de Empresas de Inserción. De hecho, otra de las grandes novedades de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, es la inclusión explícita de criterios sociales de adjudicación:

Artículo 134. Criterios de valoración de las ofertas.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, las características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes.

Lo vemos con estos dos ejemplos (Ayuntamientos de Las Gabias y de Avilés, cuyos pliegos se encuentran en la pestaña de “Experiencias y ejemplos”), que se refieren a la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social, así como a la subcontratación con empresas de inserción:

2. Contratación de personas con dificuldades de acceso al empleo: compromiso de la empresa a conformar su plantilla, en un porcentaje no inferior al 75% y con carácter indefinido, con trabajadores provenientes de situación de exclusión social o desfavorecidos, declaración jurada de la empresa participante sobre el tipo de desventaja de sus empleados ..... > hasta 30 puntos 
a) de forma alternativa o complementaria, los licitadores podrán comprometerse a subcontratar un porcentaje del presupuesto de adjudicación del contrato a través de empresas de inserción, centros de empleo o entidades sin ánimo de lucro, mediante el correspondiente contrato civil o mercantil. en este caso la puntuación se obtendrá en proporción al importe y porcentaje sobre el presupuesto de contratación que se comprometa a subcontratar el licitador con estas entidades, siempre que no resulte inferior al porcentaje exigido de personas con dificultades de acceso al mercado laboral señalado ni a lo establecido en las condiciones de ejecución. El resto de licitadores obtendrán la puntuación que resulte de la fórmula antedicha.

No obstante debemos advertir que la legislación no admite cualquier tipo de cláusula y ha establecido requisitos y limitaciones que es preciso tener muy en cuenta; por ejemplo que sólo se puede valorar lo que esté relacionado con el objeto del contrato, o que no se puede valorar las características de la empresa en su conjunto sino solamente el modo en que la empresa va a ejecutar el contrato.

Reiteramos la advertencia y nos remitimos al apartado de “Preguntas Prácticas y Recomendaciones” para ampliar información en lo relativo a requisitos y salvaguardas, y sobre cómo incorporar criterios sociales de adjudicación.